Acceso usuarios
Clara Camps Calvet, Dino Di Nella
El 15-M y los movimientos sociales que se fortalecieron gracias a la fuerza que tuvo este movimiento (los movimientos sociales contra los desahucios, contra la reforma laboral, contra la austeridad y contra los retrocesos de los derechos de las mujeres) han sido una reacción contra la gestión neoliberal de una crisis en cuya génesis también se encontraba el neoliberalismo. Ante estos conflictos, el Estado desarrolló un arsenal policial, judicial y legislativo para reprimir la protesta. La apertura de un nuevo marco de referencia mediante la acción colectiva de los movimientos sociales supuso una reconceptualización del término “democracia” como garantía de derechos sociales y libertades, y supuso, a la vez, la reclamación de autogestión y de participación de la ciudadanía en la vida política. Este nuevo marco se convertiría en oportunidad política de los movimientos sociales para cuestionar la actuación del sistema punitivo estatal. Así, el estudio de la antirrepresión en Cataluña demuestra que la represión frente a la protesta ha servido para hacer evidentes los límites del Estado de Derecho. Si los movimientos sociales han conseguido desenmascarar las relaciones de poder reales, la represión de la protesta, en el caso catalán, ha servido como oportunidad para abrir un debate social —que también ha llegado a las instituciones— sobre el garantismo penal. Se argumenta que estas contrahegemonías antirrepresivas, aunque limitadas ante un Estado penal creciente, han supuesto un reto para el sistema punitivo estatal.
The 15-M movement and the social movements that became stronger thanks to 15M (a movement against evictions, against labor reform, against austerity and against the curtailing of women's rights) have been a reaction against the neoliberal management of a crisis whose genesis was also caused by neoliberal practices. To face these conflicts, the State has developed a police, judicial and legislative arsenal to regulate and repress protest. Thus, a reconceptualization of the term ‘democracy’ as a guarantee of social rights and liberties, as well as the claim for self-management and citizen participation, has become a new interpretative framework to question the performance of the repressive apparatus of the State. The study of antirepression in Catalonia shows that repression against protest has also served to make visible the limits of the rule of law. If protest has managed to unmask real power relations, the repression of protest, in the Catalan case, provided an opportunity to open a social debate – which has also reached the institutions – on criminal guarantee. This paper argues that these antirepressive counter hegemonies, although limited by a growing criminal state, have meant a real challenge for the State and its criminal system.
