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En esta Tribuna se somete a revisión crítica el Real Decreto-ley 6/20 dictado en el contexto de las medidas adoptadas para afrontar los efectos de la pandemia del coronavirus, y en virtud del cual se ha acordado una nueva moratoria de los lanzamientos hipotecarios que se encuentran paralizados por la situación de especial vulnerabilidad de los demandados. Se trata de la tercera prórroga legal acordada hasta la fecha, y además por un plazo de cuatro años, sin que tal decisión haya venido acompañada de mecanismos efectivos para tratar de dar una solución duradera a la problemática de fondo que subyace en tales casos. Además, se ha aprovechado la reforma para ampliar el ámbito de aplicación de la normativa inicial, desvirtuando su sentido originario, pues ahora afectará también a aquellos casos en que el adjudicatario sea una persona física, lo que puede generar una importante inseguridad jurídica en la adjudicación de inmuebles, afectando negativamente a la participación en las subastas judiciales electrónicas y sus resultados en perjuicio del propio deudor.
