La actual crisis sanitaria en la que estamos inmersos supone un paradigma en el entorno legal sobre el que se ha de dar una respuesta eficaz y coherente por nuestros gobernantes. En este sentido, el estado de alarma como respuesta a la paralización del COVID-19 plantea un escenario con limitaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos y abundantes interrogantes en torno al derecho a la objeción de conciencia que quedan sin resolver.