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Álvaro Perea González
La responsabilidad de todo servicio público enraíza con su capacidad de previsión de escenarios. Y en el caso del ámbito jurisdiccional, no es ya previsible, sino una realidad pendiente de confirmación, que la litigiosidad se elevará en cifras probablemente nunca vistas; sobre todo en dos campos: el mercantil y social. Este pronóstico arropado de todas las certidumbres debe conducir a los poderes públicos a diseñar medidas de contingencia que permitan, en toda la extensión posible, agilizar la tramitación y resolución de los contenciosos; en definitiva: preparar una «UCI-Judicial» en la que particulares y empresas puedan obtener una tutela judicial que, jamás, urgiría más efectiva.
