Por medio del análisis de una propuesta de reforma al proceso penal colombiano, el presente trabajo busca contribuir al debate acerca de las implicaciones que tiene la participación de la víctima en el diseño de la política criminal. Se defiende que el interés hacia las necesidades de las víctimas del delito debe hacerse compatible con una actividad racional y meditada por parte del legislador que no redunde en conculcar el esquema de garantías del sistema de justicia, para lo cual debe atender a un adecuado conocimiento de la realidad social y jurídica sobre la cual pretende incidir.