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Víctor L. Urquidi
En la Declaración de Río de 1992 se asumió un compromiso trascendental: la adopción del objetivo del desarrollo sustentable, es decir, un desarrollo económico y social que incluya la protección ambiental y el respeto a los recursos naturales, que sea equitativo y asegure a las generaciones venideras el acceso a los recursos y a tecnologías no contaminantes para mejorar la calidad de vida a escala mundial. Hasta ahora, el balance general no ha sido positivo. Río+5 transcurrió sin mayor resultado ni perspectiva. La conferencia de Kioto destinada a poner en marcha programas para controlar el cambio climático global no ha conseguido mucho apoyo. Ningún país ha emprendido todavía un proceso integrado de desarrollo sustentable. No es un asunto técnico, sino social y político: exige movilizar los recursos necesarios, dar prioridad al nuevo objetivo, conjugar los esfuerzos gubernamentales con los empresariales y los de la sociedad civil, crear conciencia de los umbrales peligrosos y aun irreversibles que puedan presentarse, construir una cultura de conocimiento y comunicación que contribuya al desarrollo sustentable. Éste deberá comprender el empleo de energía no contaminante; el uso proambiental del agua, los suelos y los recursos forestales; la protección de la biodiversidad; el reciclaje de desechos municipales, industriales y agrícolas; la promoción de sistemas de educación y capacitación para el ambiente y la salud, y, de igual importancia, una política demográfica efectiva y de largo alcance. Ningún país podrá aislarse de esta perspectiva, y ninguna medida en particular será suficiente por sí sola. En el caso de México, pese a adelantos institucionales en materia de política ambiental a partir de 1989, el ambiente continúa deteriorándose en todos los órdenes, Los múltiples factores condicionantes de un proceso integrado de desarrollo sustentable no han contado con la prioridad, los recursos y la atención constante que se requieren en una perspectiva de largo plazo. Dada la relación particular de México con Canadá y Estados Unidos por medio del TLCAN, será urgente llevar a cabo un estudio de las perspectivas del desarrollo sustentable de los tres países en su conjunto. Falta dar el primer paso en esa dirección.
The 1992 Declaration of Rio de Janeiro committed all countries to the far-reaching objective of sustainable development, understood to mean a process of economic and social development that includes environmental protection and respect for natural resources, that is equitable and shall offer future generations access to resources and to non-polluting technologies, to achieve a better quality of life worldwide. Until now, a positive balance has yet to be struck. Rio+5 went by without much consequence or prospect. The Kyoto summit for the setting in motion of programs to control global climate change has not enjoyed much support. Not a single country has started to undertake an integrated process of sustainable development. It is not a technical problem but a social and political issue: the mobilization of resources, the adoption of new priorities, the coordination of governmental efforts with those of the business community and of civil society. Awareness must be created of dangerous and possibly irreversible thresholds looming ahead. An evolving culture of knowledge and communication relevant to sustainable development is required. Sustainable development implies a shift to clean energy sources, an environmentally-friendly use of water, soils and forest lands, the protection of biodiversity, the recycling of municipal, industrial and agricultural waste, the promotion of environmental and health education and training, and, not least, a long-range, effective population policy. No country can remain isolated from these necessary steps into the future, and no single measure will be sufficient. In the case of Mexico, in spite of institutional progress in environmental policies since 1989, the environment has continued to deteriorate. The multiple conditioning factors of an integrated sustainable development process have not been given the necessary priority, resources and steady attention that a long-term perspective requires. Given the specific relation of Mexico to Canada and the United States under NAFTA, a study of the sustainable development prospects of the three countries as a whole is urgently needed. A first step in this direction has yet to be taken.
