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La percepción del Desarrollo Nacional regionalmente diferenciado ha sido una constante en el discurso de políticos, académicos y planificadores desde hace ya casi tres décadas. Este problema se manifiesta en los países industrializados, básicamente, por la desigual distribución interregional de las tasas de desempleo, y su solución ha puesto de relieve lo que los ingleses señalan como el dilema de su política regional, a saber: "trabajo a los trabajadores o trabajadores al trabajo".En nuestro país, las desigualdades regionales han sido preocupación explícita desde aquel clásico estudio que hiciera Paul Lamartine Yates para el Banco de México (1962); pero sólo ahora se ha logrado definirlas y puede justificarse plenamente una política orientada a corregirlas, a partir de una estrategia de desarrollo (regional) que tenga como marco el sistema urbano del país. Esto es lo que se desprende del Plan Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), publicado en 1978, y revisado en 1982, que parece haber cristalizado el interés que el Estado ha mostrado por influir en el desarrollo económico a través de la distribución de la población y la localización de las actividades económicas en los asentamientos humanos que conforman el territorio nacional.
