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Adrián Guillermo Aguilar
El propósito de este trabajo es discutir la ausencia de bases conceptuales y teóricas explícitas y más rigurosas que fundamenten la política urbano regional de México en el nivel nacional, la cual ha estado vigente desde 1978. Entre otros temas se discuten dos aspectos fundamentales: la visión “espacialista” y el principio de la difusión del desarrollo. Para el primer caso, se argumenta que esta visión aún predomina en muchos planteamientos de este tipo de políticas, pues asume, equivocadamente, que una equidad espacial dará automáticamente por resultado una equidad social. En el segundo aspecto, se hace referencia a que, aun cuando este principio generalmente es la base de las estrategias urbano-regionales, se ha visto ampliamente criticado por el excesivo número de áreas o ciudades prioritarias que se seleccionan y por la imposibilidad de desencadenar espontáneamente procesos de redistribución de ingresos.Además, se comparan las principales estrategias de los planes o programas de desarrollo urbano de 1978, 1984 y 1990, poniendo énfasis en las inconsistencias que presentan entre ellos, y tratando de relacionar básicamente: una falta de diagnósticos más profundos y regionalmente diferenciados; la falta de justificaciones teóricas que vinculen políticas de impulso con las metas del desarrollo nacional; la ausencia de evaluaciones de la propia política, y una falta de definición de un modelo territorial que considere la reciente relocalización de procesos productivos y sus nuevos espacios.
This article discusses the absence of more rigorous conceptual and explicit technical bases behind the urban-regional policy of 1978. Two fundamental aspects are discussed: the "spatial" bias and the diffussion of development impulses. As regards the former, the article contends that this point of view still prevails in many cases when this kind of policies are raised, erroneously assuming that spatial equity will automatically lead to social equity As regards the latter, it mentions how this principle is generally the basis for urban-regional strategies arguing that the reason why it has been highly criticized is because of the excessive number of priority areas or cities that are selected and because it is rather impossible to spontaneously set off income redistribution processes.In addition, the principal strategies of the 1978, 1984, and 1990 development plans or programs are compared, stressing inconsistencies between them. These appertain to a lack of more profound and regionally differentiated diagnoses and of theoretical justifications to link impulse policies with national development goals, a lack of evaluations of the policy itself, and the absence of a defined territorial model which considers the recent locational rationality of productive processes.
