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El artículo analiza las bases teóricas, las consecuencias institucionales y la falta de asidero constitucional de las declaraciones de inconstitucionalidad de la atribución de potestades administrativas contenidas en las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el proyecto de ley modificatorio del marco normativo de la Dirección General de Aguas en materia de fiscalización y sanción, así como en el proyecto de fortalecimiento del Servicio Nacional del Consumidor. Dichos fallos producen un patrón sistemático en la implementación de la ley que favorece a los regulados en desmedro del público en general, y reflejan la doctrina que autores como Eduardo Soto Kloss y el Presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, han defendido con vigor, especialmente, en la década de los ochenta. Estos planteamientos no se condicen con la Constitución y expresan un desprecio por la Administración y su rol en la implementación de la ley.
