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Dominique Hervé Espejo
En este trabajo se aborda la potestad de fiscalización ambiental de acuerdo con el nuevo diseño institucional creado a partir de la dictación de la Ley 20.417 de 2010 que vino a reformar la institucionalidad ambiental establecida mediante la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, del año 1994.
En la primera parte se relata un caso –Los Fiordos– en el que se manifiesta la discusión en torno a la interpretación del modelo de fiscalización ambiental adoptado por la nueva legislación. Luego, en la segunda parte, se abordan las dos posiciones que se han desarrollado en torno al alcance y diseño regulatorio de la potestad de fiscalización ambiental, una que la concibe como una potestad exclusiva y excluyente de la Superintendencia del Medio Ambiente respecto de los instrumentos de carácter ambiental que señala la ley y, otra, que sostiene que esta potestad es concurrente con la potestad de fiscalización de los organismos sectoriales. Por último, la parte final se refiere al contenido de la sentencia judicial en el caso analizado, que adhiere a la tesis de la fiscalización concurrente entre la Superintendencia y los organismos sectoriales.
