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Juan Carlos Ferrada Bórquez
El presente artículo constituye una reflexión general sobre las contiendas de competencia promovidas por el Contralor General de la República en contra del 29° Juzgado de Letras Civil de Santiago y la Corte Suprema ante el Tribunal Constitucional y el Senado. Dichas contiendas se generan en el marco de los juicios promovidos por funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil que pretendían a través de una acción declarativa de mera certeza fijar como su régimen jurídico previsional el dispuesto en la Ley N°18.458 para el personal de las Fuerzas Armadas. Estas contiendas las promueve el Contralor sobre la base de afirmar su competencia exclusiva para declarar el régimen jurídico previsional aplicable a estos funcionarios, negando al mismo tiempo la facultad de los tribunales para conocer y pronunciarse en esta materia. En este sentido, el Contralor plantea tácitamente la inexistencia de una acción declarativa de mera certeza en nuestro derecho, al menos en este ámbito, reivindicando para sí la competencia exclusiva en esta materia. El Tribunal Constitucional y el Senado acogen la tesis del Contralor, aunque los fundamentos para ello parecen exceder el ámbito jurídico, entrando a tallar cuestiones políticas (contingentes) y económicas que quedan explícitas en el discurso de los actores, desdibujando la controversia jurídica planteada.
