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La Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2020 zanja, en el plano jurisprudencial, la doctrina sobre la interpretación de la Ley de Fauna Silvestre que excluye o limita la responsabilidad de las Administraciones Públicas en relación con los daños causados por dichos animales. Es la segunda Sentencia en un corte espacio de tiempo y fija el criterio de que la redacción de la Ley de Fauna Silvestre no puede considerarse como una exoneración de carácter general de la responsabilidad, al menos, cuando la Administración ha hecho uso de otros instrumentos jurídicos para establecer una especial protección de la fauna en cuestión.
