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La situación actual del Mediterráneo, que ha sido calificada como la frontera más peligrosa del mundo, constituye una grieta muy grave de legitimidad democrática. Ante la cantidad de personas que llegan diariamente a la orilla norte atravesando las aguas desde la orilla sur, y poniendo así sus vidas en peligro, los gobiernos europeos eluden el deber jurídico de socorrerlas y solo algunos movimientos sociales y ONG se implican en las tareas de rescate de náufragos. Paradójicamente, en algunos casos, estas ONG han visto obstaculizadas sus tareas y han sido acusadas de delito. Frente a este incumplimiento del deber jurídico que, además, supone una obligación política internacional, resulta necesario definir un modelo de actuación claro y coherente en todo el espacio mediterráneo para garantizar el respeto de los derechos humanos.
