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En el Magreb, las asociaciones de la sociedad civil constituyen uno de los actores principales de la diversidad y el pluralismo. A pesar de que en Túnez, Marruecos y Argelia hay regímenes políticos muy diferentes, es posible observar que, desde 2012, tras los movimientos de protesta de la Primavera árabe, existe una tendencia convergente hacia la restauración del control gubernamental sobre el tejido asociativo. Los gobiernos de estos países intentan, en efecto, impedir la actividad y visibilidad internacional de estas asociaciones que promueven la democracia, los derechos humanos y las libertades públicas. Para ello utilizan artimañas bastante similares, como la imposición de trabas burocráticas o la denuncia de injerencias internacionales en la financiación de dichas asociaciones. Esta situación constituye un buen indicador de las dificultades que encuentran las aspiraciones democráticas y pluralistas de las sociedades magrebíes ante las autoridades gubernamentales.
