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La judicialización del atentado que sufrió el periodista Alejandro Carrión Aguirre en abril de 1955 en Ecuador, durante la tercera presidencia velasquista, ofrece posibilidades de pensar históricamente las relaciones entre el Ejecutivo y el Judicial y sus repercusiones sobre la democracia, el Estado y el acceso a la seguridad por medio de la administración de justicia. El caso escaló hasta merecer sendas intervenciones del presidente de la República y del presidente de la Corte Suprema de Justicia. La reafirmación de la independencia del poder Judicial, en el marco de la división de poderes, estuvo en juego. El Judicial ha sido relegado a un papel secundario en los estudios sobre la democracia, mismos que han privilegiado al Ejecutivo y Legislativo. A partir de un estudio empírico, con base en una investigación archivística, se narra y analiza, en tres momentos, los hechos acaecidos, reafirmando el lugar del Judicial en el entramado del poder y en el sostenimiento democrático-constitucional del Estado de derecho.
