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Las relaciones entre el Estado, el derecho de igualdad y no discriminación y la forma en la que se comprende el trastorno mental, así como el tratamiento que recibe por parte del sistema penal, han evolucionado. De esta manera, es esencial comprender cómo se teje su dinámica para evidenciar que su interacción ha producido la discriminación sistemática y en forma persistente de los enfermos mentales en las diversas épocas. Esta situación no puede permanecer impune en los días actuales, ya que la discriminación de los enfermos mentales en el sistema penal es incompatible con el Estado constitucional de derechos y justicia. La solución está en el respeto y la promoción del derecho a la salud mental de forma universal, con la utilización del tratamiento idóneo conforme los estándares internacionales y dejando de lado el internamiento, que es un tratamiento ineficiente.
