La nueva Ley 9/ 2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, que incorpora las Directivas 23 y 24 de la Unión Europea, de 26 de febrero de 2014, muestra una preocupación evidente por el control sobre la contratación pública. En particular, son destacables la ampliación del objeto del recurso especial y la creación de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión. En este estudio se analiza esta nueva regulación, así como sus antecedentes y características más notables.