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Óscar Daniel Ludeña Benítez
Analizamos la trascendente intervención del Letrado de la Administración de Justicia en los juicios verbales de desahucio por falta de pago, donde no sólo dirige la tramitación del procedimiento sino que, en determinados supuestos resuelve, creando un título ejecutivo que facilita el lanzamiento del inmueble y la reclamación de las rentas debidas. El legislador en 2011 optó por atribuir estas funciones al Letrado de la Administración de Justicia, con todas las garantías referentes al respeto a la potestad jurisdiccional de Jueces y Magistrados consagrada en el art. 117 CE, puesto que contra todas las resoluciones del fedatario público judicial cabe recurso de revisión y, por tanto, no cabe dudar de la constitucionalidad de la atribución. El procedimiento se regula de manera muy similar al juicio monitorio de los arts. 812 y ss. de la LEC, es por ello por lo que se dice que participa de la “técnica monitoria”. Además, algunos autores consideran que el juicio monitorio podría tener rasgos coincidentes con la Jurisdicción Voluntaria. También se tratará la relevancia del régimen de notificaciones y requerimiento y la indispensable labor garantista que ha de tener el Letrado de la Administración de Justicia para no provocar indefensión en el demandado, teniendo en cuenta siempre la agilidad que merece este procedimiento. Y, por último, se hará referencia a las últimas reformas legislativas, donde el Letrado de la Administración de Justicia también se convierte en operador jurídico clave para garantizar que los Servicios Sociales puedan actuar en situaciones de vulnerabilidad.
We analyze the transcendental intervention of the Judicial Counsellor in the Eviction Trials for non-payment, where he not only directs the processing of the procedure but, in certain cases resolves, creating an executive title that facilitates the eviction of the property and the claim of the rent due. The legislator in 2011 opted to attribute these functions to the Judicial Counsellor, with all the guarantees referring to the respect of the jurisdictional power of Judges and Magistrates enshrined in art. 117 CE (Spanish Constitution), since there is an appeal for review against all the decisions of the judicial public notary and, therefore, there is no doubt about the constitutionality of the attribution. The procedure is regulated in a manner very similar to the payment procedure of arts. 812 et seq. of LEC (Spanish civil procedure Law), and it is for this reason that it is said that it participates in the "payment procedures technique". In addition, some authors consider that the payment procedure could have features that coincide with the Voluntary Jurisdiction. We analyze the relevance of the system of notifications and requirements and the indispensable guarantee work that the Judicial Counsellor must have in order not to cause defenselessness to the defendant, always taking into account the agility of the procedure. And finally, according to the latest legislative reforms, the Judicial Counsellor also becomes a key legal operator to guarantee that Social Services can act in vulnerability situations.
