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Carmen Ramos
A través del presente estudio se pretende mediante el análisis de la legislación vigente, partiendo de la Ley Orgánica del Poder Judicial y posteriores, examinar la implementación del uso de las nuevas tecnologías en el ámbito judicial penal anticipado en el artículo 9 de la Constitución española que fija como principio básico, el de la seguridad jurídica, así como el artículo 24 en cuanto reconoce el derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías. Lo anticipado nos permitirá reconocer que las actuaciones orales grabadas en los sistemas dispuestos al efecto garantizan la oralidad y atribuyen a las diligencias el carácter de fidedignas, fehacientes e irrefutables al estar documentadas en un medio inmodificable e inalterable bajo la fe pública del Letrado de la Administración de Justicia.
This study tries to examine the implementation of new technologies on the field of criminal justice. The current legislation based on the Organic Law of the Judiciary and later, is analyzed. The Article 9 of the Spanish Constitution establishes the legal certainty as a basic principle. The article 24 sets the right to a public trial without any undue delay and all legal guarantees.
The criminal proceedings recorded under this legal frame, guarantees the orality and attributes to those proceedings the character of trustworthy, reliable, and irrefutable, since they are substantiated on an unchangeable and unalterable recording system, attested by the Judicial Administration Counselor.
