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Irene Escorihuela
El derecho a la vivienda está fuertemente amenazado por la entrada de los centros urbanos de las ciudades en procesos globales de extracción de rentas.
La financiarización y el turismo masivo convierten la vivienda en activos financieros altamente lucrativos, aumentando así su precio y expulsando al vecindario que no puede asumir su coste. Desde los poderes públicos se está empezando a poner coto a estos nuevos fenómenos, ya sea a través de impuestos como de regulaciones. Sin embargo, los actores internacionales que protagonizan estos procesos se mueven en mercados opacos y altamente desregulados, donde empezar a intervenir por parte de las administraciones no resulta sencillo. Grabar las rápidas transacciones de viviendas o limitar las ofertas de plataformas digitales pueden ser primeros pasos hacia un mayor control de estos mercados que puedan caminar hacia su futura regulación o limitación según se considere.
