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Para garantizar el principio de libre circulación de trabajadores y en particular el derecho a residir en uno de los Estado miembros de la Unión Europea con objeto de ejercer en dicho Estado un empleo, el artículo 45 TFUE dispone que la libre circulación de trabajadores supone la abolición de toda circunstancia por razón de nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros.
Para la garantía de este objetivo resulta fundamental la aplicación del principio de igualdad de trato, en sus distintas vertientes: igualdad de trato con independencia de la residencia, de la nacionalidad, del género, entre nacionales del mismo Estado por razón de haber sido migrantes o sedentarios. Igualmente resulta necesario establecer reglas de ponderación en el resultado de la aplicación de cláusulas anticúmulo entre pensiones concurrentes otorgadas por diferentes Estados miembros.
Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han sido numerosas sobre estas materias lo que ha permitido perfilar un importante cuerpo doctrinal al respecto.
El Tribunal de Justicia ha manifestado en variadas ocasiones que los objetivos establecidos en los artículos 45 y 48 TFUE no se alcanzarían si como consecuencia del ejercicio del derecho a la libre circulación de trabajadores se tuvieran que perder los beneficios que les concede la legislación de un Estado miembro, particularmente cuando tales beneficios constituyen la contrapartida de las cotizaciones que pagaron.
No obstante, en relación con las prestaciones especiales de carácter no contributivo el Tribunal de Justicia ha declarado que el legislador nacional puede legítimamente adoptar en el contexto de la aplicación del artículo 48 TFUE disposiciones que establezcan excepciones al principio de exportabilidad de las prestaciones, de manera que por razones estrechamente ligadas al entorno social cabe legítimamente imponer como requisito constitutivo de un derecho la residencia en el Estado de la institución competente, si bien esta posibilidad hay que interpretarla restrictivamente siendo necesario en todo caso, justificar y acreditar dichas razones.
Los obstáculos a la libertad de residencia con la finalidad de realizar un empleo pueden establecerse de forma directa o indirecta cuando a través de una norma aparentemente neutral sitúan en desventaja a los trabajadores que usaron su derecho a buscar un empleo en otro Estado.
Igualmente, para garantizar la libre circulación se debe asegurar que las personas que residen en un Estado miembro distinto del que son nacionales se les aplican los mismos derechos y obligaciones en materia de Seguridad Social que a los nacionales de dicho Estado. Ahora bien, este derecho se limita a los supuestos en los que los beneficios que se pretenden se fundan en la consideración de trabajador o de residente. En este sentido se deben considerar discriminatorios los requisitos de derecho nacional que, aunque se apliquen con independencia de la nacionalidad afecten fundamentalmente o en su mayoría a los trabajadores migrantes, así como cuando los requisitos que indistintamente se establezca puedan ser cumplidos más fácilmente por los trabajadores nacionales que por los trabajadores migrantes. Así las cosas, el principio de igualdad solo puede garantizarse concediendo a las personas de la categoría perjudicada las mismas ventajas que disfrutan las personas de la categoría privilegiada.
Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara que el principio de leal cooperación obliga a las autoridades competentes de los Estados miembros a utilizar todos los medios de que dispongan para lograr, los objetivos determinados en el artículo 45 TFUE.
Una de las vertientes más trascedentes del principio de igualdad de trato es el que se refiere a la no discriminación en materia de Seguridad Social entre hombre y mujeres. En tal sentido, el artículo 4.1 de la Directiva 79/7/CEE establece que el principio de igualdad, supone la ausencia de discriminación por razón de sexo ya sea directa o indirecta.
El Tribunal de Justicia ha declarado con reiteración que la discriminación se produce cuando una norma peyorativa, aun aparentemente neutral afecta a mayor número de mujeres que de hombres, salvo que exista una razón objetiva que lo justifique, y así no se opone a este principio que en los casos de realización de trabajos a tiempo parcial, en España particularmente feminizados, el cálculo de la prestación se realice prorrata temporis teniendo en cuenta los periodos trabajados a tiempo completo o a tiempo parcial. De esta forma, resulta fundamental el elemento estadístico como indiciario de la discriminación, lo que exige un análisis del contexto normativo y protector en el que la norma aparentemente discriminatoria desenvuelve sus efectos.
En cuanto al establecimiento de cláusulas limitativas de las pensiones por su concurrencia con otros Estados el Tribunal de Justicia declara que no se alcanzarían los objetivos del Tribunal relativos a la libre circulación, si como consecuencia del ejercicio de dicho derecho, los trabajadores tuvieran que perder prestaciones que les garantiza únicamente la legislación de un Estado miembro. De esta manera como regla general la normativa comunitaria no puede implicar una discriminación de las prestaciones concedidas en virtud de la legislación de un Estado miembro. Así, cuando la prestación se determine con arreglo a la legislación nacional la institución competente podrá aplicar normas limitativas mientras que cuando aplique normas de derecho comunitario la institución competente no debe tener en cuenta las cláusulas que prohíben o limitan la acumulación.
En todo caso, hay que tener en cuenta que las normas que establecen la limitación o la pérdida de prestaciones por su concurrencia con las de otro Estado solo se pueden corresponder con el objetivo de evitar acumulaciones injustificadas derivadas especialmente de la superposición de periodos de seguro y de periodos asimilados y por lo tanto en cuanto restrictivas de la libertad a la circulación de los trabajadores deben interpretarse de una forma restrictiva.
In order to guarantee the principle of free movement of workers and, particularly, the right to reside in one of the Member States of the European Union and to have a job in that State, Article 45 TFEU provides that the free movement of workers entails the abolition of all circumstances on grounds of nationality among workers of the Member States.
So as to meet this objective, it is essential to apply the principle of equal treatment in its different aspects: equal treatment regardless of residence, nationality or gender, between nationals of the same State because of having been migrant or non-migrant workers. It is also necessary to establish weighting rules in the application of anti-cumulative clauses between concurrent pensions granted by different Member States.
The judgements of the Court of Justice of the European Union have been numerous on this issue, which has allowed to outline an important doctrinal body in this regard.
The Court of Justice has stated on various occasions that the objectives set out in Articles 45 and 48 TFEU would not be achieved if, as a consequence of the exercise of the right to free movement of workers, the benefits granted by the legislation of a Member State were to be lost, particularly when such benefits constitute the counterpart of the contributions they paid.
However, in relation to non-contributory special benefits, the Court of Justice has declared that national legislators may legitimately adopt, in the context of the application of Article 48 TFEU, provisions that establish exceptions to the principle of exportability of benefits, so for reasons closely linked to the social environment, it is a legitimate condition to impose residence in the State of the competent institution, although this possibility must be interpreted restrictively, being necessary in any case to justify and accredit such reasons.
Some obstacles to freedom of residence might be directly or indirectly established for employment when by means of an apparently neutral rule workers that used their right to seek employment in another State are at a disadvantage.
Likewise, in order to guarantee free movement, it must be ensured that persons residing in a Member State other than that of which they are nationals, are subject to the same rights and obligations in matters of Social Security as nationals of that State. However, this right is limited to the cases in which the benefits claimed are based on being a worker or a resident. In this sense, the requirements of national legislation must be considered discriminatory, although they apply regardless of nationality, they mainly or mostly affect migrant workers, as well as when the requirements that are indistinctly established can be more easily met by national workers than by migrant workers. Thus, the principle of equality can only be guaranteed by granting people in the affected category the same advantages enjoyed by people in the privileged category.
On the other hand, the Court of Justice of the European Union declares that the principle of loyal cooperation obliges the competent authorities of the Member States to use all the means at their disposal to achieve the objectives set out in Article 45 of TFEU.
One of the most important aspects of the principle of equal treatment is the one which refers to non-discrimination in matters of Social Security between men and women. In this regard, Article 4.1 of Directive 79/7/EEC establishes that the principle of equality implies the absence of discrimination based on sex, whether direct or indirect.
The Court of Justice has repeatedly stated that discrimination occurs when a pejorative, even seemingly neutral rule affects more women than men, unless there is an objective reason that justifies it, and thus it does not oppose this principle that in cases of part-time work, particularly feminized in Spain, the calculation of the benefit is made pro rata temporis taking into account the periods worked full-time or part-time. Therefore, the statistical element is essential as an indicator of discrimination, which requires an analysis of the legislative and protective context in which the apparently discriminatory rule unfolds its effects.
In relation to the establishment of limitation clauses for pensions due to their concurrence with other States, the Court of Justice declares that the objectives of the Court regarding freedom of movement would not be attained if, as a consequence of exercising that right, workers had to lose benefits which are only guaranteed by the legislation of a Member State. In this way, as a general rule, Community legislation cannot imply discrimination of benefits granted under the legislation of a Member State. Thus, when the benefit is determined in accordance with national legislation, the competent institution may apply limiting rules, whereas when applying community legislation, the competent institution should not take into account the clauses that prohibit or limit accumulation.
In any case, it must be borne in mind that the rules that establish the limitation or loss of benefits due to their concurrence with those of another State can only be met with the aim of avoiding unjustified accumulations derived especially from the overlapping of insurance periods and assimilated periods and, therefore, if they are limiting the freedom of movement of workers they must be interpreted in a restrictive way.
