Las pensiones no contributivas son prestaciones centrales e históricas de la política social argentina y expandieron su cobertura entre 2003-2012, que alcanza a más de un millón de personas. Mientras tanto, en el Poder Judicial tramitaban casos individuales que reclamaban por el acceso de personas que habían sido excluidas o la permanencia de aquellos a quienes se les suspendían las prestaciones por cuestiones de incompatibilidades, muy usuales en el campo no contributivo.
Este artículo analiza el campo de las pensiones no contributivas a través de cuatro casos judiciales que llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Indaga sobre los expedientes como aspectos materiales de la producción del saber burocrático (la demanda, los dictámenes de fiscalía, las respuestas del organismo demandado y, finalmente, las sentencias). Dentro de ellos, recupera las concepciones dominantes, principalmente de burocracias judiciales y ejecutivas, con especial atención en: i) el proceso de denominación y las confusiones a la hora de “nombrar” las PNC y ii) en los formatos que adquiere la clásica “trampa de la pobreza” en las causas seleccionadas.