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Antonio García Zaballos, Jesús Cabrera
El concepto de servicio universal está más relacionado con aspectos políticos que con los económicos, ya que es el interés público, encauzado políticamente, el que decide el ámbito y penetración que los servicios de telecomunicaciones deben alcanzar. En las directivas aprobadas recientemente por la Comisión Europea, se propone una regulación sectorial que permita una competencia entre los operadores progresivamente creciente. En concreto, la Directiva sobre el Servicio Universal propone un modelo de regulación que en el presente artículo se analiza en base a la experiencia española y se propone un modelo alternativo no contemplado explícitamente por las directivas, pero que podría ser instrumentado por los Estados miembros en base a subvenciones al consumo de los servicios. Dicho modelo alternativo persigue una competencia de mayor calidad sin tener que regular los precios de los servicios finales, de tal forma que sean factibles fluyendo de forma natural entre los distintos operadores. Dicho modelo alternativo, denominado Modelo de Subvención, parte del hecho de que el Gobierno subvenciona las unidades de servicios finales vendidas por cualquier operadora dejando que posteriormente los operadores fijen los precios finales de acuerdo con criterios exclusivamente competitivos.
