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Erik Jones
La nueva presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha manifestado su deseo de que el banco se sume a los objetivos de lucha contra el cambio climático, lo que ha merecido los aplausos de los activistas favorables a impulsar la transición hacia una economía “verde” y ha alarmado a los monetaristas ortodoxos.
Los estatutos del BCE establecen de forma meridiana la primacía del objetivo de estabilidad de precios, pero también señalan que el BCE debe apoyar las políticas económicas generales de la Unión Europea. Es esta tensión la que da lugar a la consideración de un mandato “dual” en el que se apoyan los partidarios de internalizar el cambio climático dentro de las acciones del BCE.
De ahí derivan propuestas para que el BCE promueva la incorporación del riesgo climático en sus requisitos de supervisión, aliente a las agencias de calificación a hacer más explícito el papel de los riesgos relacionados con el clima y a su consideración en el marco más general de la supervisión macroprudencial. Los críticos, sin embargo, manifiestan su preocupación de que esta intromisión del BCE en la lucha contra el cambio climático podría socavar su independencia política.
