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Las administraciones públicas españolas habrán incumplido de nuevo en 2019 los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados tanto en la última senda de consolidación fiscal (-1,3% del PIB) como en la actualización del Programa de Estabilidad para el período 2019-2022 (-2,0%). A pesar del impacto positivo de los cambios en las cotizaciones sociales y en el sistema de pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades, la imposibilidad de aprobar un presupuesto con nuevos impuestos ha limitado el crecimiento de los ingresos públicos, frente a los aumentos de gasto en salarios de los empleados públicos, pensiones y subsidios de desempleo.
Aunque todavía se carece de un proyecto de Presupuestos del Estado para 2020, las estimaciones realizadas por distintos organismos públicos y privados sitúan el déficit de este año entre el -2,1% y el -2,4% del PIB, insuficiente para cumplir el objetivo del Programa de Estabilidad y para reducir el déficit estructural, cuyos límites comienzan a regir la disciplina presupuestaria precisamente en 2020.
