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Tras los cruentos incidentes de finales de 2013 e inicios de 2014 que tuvieron lugar en Ucrania, se produjo la declaración de independencia de la República Autónoma de Crimea después de celebrar un referéndum de más que dudosa legalidad y su incorporación a la Federación de Rusia; iniciándose una situación de discriminación hacia las minorías ucraniana y tártara existentes en Crimea, territorio que tradicionalmente había tenido una mayoría de población rusa. Es entonces cuando Ucrania decide demandar a la Federación rusa ante la Corte, introduciendo una instancia al respecto por violación de este último Estado de sus obligaciones internacionales contraídas y derivadas del consentimiento manifestado a título de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, solicitando a su vez la indicación de medidas provisionales por la Corte con el fin de proteger a dichas minorías mientras penda el proceso. Este mismo mecanismo ha sido utilizado en otras dos ocasiones recientemente con el mismo objetivo por lo que se observa que las medidas provisionales adoptadas por la CIJ podrían constituirse en un auténtico paradigma de protección de las minorías.
After the incidents that took place in Ukraine in 2013 and in 2014, the Declaration of Independence of the Autonomous Republic of Crimea and its incorporation to the Russian Federation occurred as a result of holding a referendum of more than a dubious legality. It was the beginning of a racial discrimination situation towards the Ukrainian and Tartar minorities in Crimea, a territory that has traditionally had a majority of Russian–speaking population. As a consequence, Ukraine decided to sue the Russian Federation before the International Court of Justice, by introducing an instance for violation of its international obligations engaged in the ratification of the International Convention for the Elimination of all Forms of Racial discrimination, requesting also the indication of interim measures by the Court in order to protect these minorities while the process is pending. This mechanism has been used on two other cases recently with the same objective so provisional measures adopted by the ICJ mightbe considered as a genuine paradigm of protection for minorities.
