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Lidia Moreno Blesa, Esther Alba Ferré
Las oleadas de atentados terroristas que han asolado Europa en los últimos cinco años han puesto en marcha la maquinaria jurídica en los países afectados, para privar de la nacionalidad al responsable, cuando se constata que ha sido un ciudadano extranjero y con nacionalidad de estos mismos países el que ha cometido tan atroz injusticia. Dos posturas parecen estar enfrentadas a la hora de tomar partido por una regulación que sancione al terrorista con la pérdida de la nacionalidad del Estado en cuestión, como medida disuasoria para tratar de reducir este tipo de delitos. Así, desde los más proclives a condenar con la pérdida de la nacionalidad al condenado por actos de terrorismo, como es el caso de Bélgica, hasta los más reacios, como ocurre en la legislación portuguesa que, al considerar la nacionalidad un derecho fundamental, solo permite la pérdida de la nacionalidad basadaen la voluntad del nacional que lo sea de otro Estado. Por lo que respecta a España, se presentó un Anteproyecto de adquisición y pérdida de la nacionalidad en 2015, a partir del cual los inmigrantes extranjeros que hubieran conseguido la nacionalidad podían perderla por “razones de orden público o por participar en un escrache”, pero la medida fue rechazada y no ha tenido continuidad. Con todo, la retirada de la nacionalidad por actos de terrorismo en el ordenamiento español podría fundamentarse en la aplicación sensu contrario del requisito de la buena conducta cívica que se tiene en cuenta para adquirir la nacionalidad.
Terrorist attacks that have plagued Europe in the last five years have activated the application of law in the affected countries, to deprive the nationality of the responsible, when it is found that he has been a foreign citizen and with nationality of these same countries. Two positions seem to be faced when taking part in a regulation that punishes the terrorist with the loss of the nationality of the State in question, as a deterrent to try to reduce this type of crime. Thus, from those most inclined tocondemn the loss of nationality, as is the case of Belgium, even the most reluctant, as in the Portuguese legislation that, considering nationality a fundamental right, only allows the loss of nationality based on the will of the national. With regard to Spain, a preliminary draft of acquisition and loss of nationality was presented in 2015, from which foreign immigrants who had obtained nationality could lose it for “reasons of public order”, but the measure was rejected. However, the withdrawal of nationality for acts of terrorism in the Spanish legal system could be based on the application to the requirement of good civic conduct that is applied to acquire nationality.
