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Mónica Arenas Ramiro 
La eficacia de los derechos está vinculada a su reconocimiento y, especialmente, a sus mecanismos de protección. El instrumento fundamental y específico, por excelencia, de reconocimiento y protección de los derechos sociales es la Carta Social Europea (CSE). La Carta cuenta con el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) como garante de los derechos en ella reconocidos. Su jurisprudencia debería ser un referente para los órganos nacionales y sus decisiones y mecanismos de protección deberían asumirse como vinculantes. Un compromiso real con los derechos sociales pasa por ratificar la Carta y todas las vías de protección ante el CEDS, como las reclamaciones colectivas. En febrero de 2019 el Gobierno español acordó ratificar el texto revisado de la CSE, dejando fuera la posibilidad de las reclamaciones colectivas. La disolución de las Cortes en marzo de 2019 dejó en suspenso tanto la ratificación como la posibilidad de que en sede parlamentaria se hubiera apostado por asumir todas las vías de protección de los derechos sociales, dotándoles de visibilidad, exigibilidad y eficacia, haciendo real la forma social de nuestro Estado. A falta de una vía jurisdiccional coherente a nivel nacional respecto de la eficacia directa de la CSE, el Defensor del Pueblo se vislumbra como el asidero al que agarrarse para hacer valer los derechos sociales reconocidos en nuestro texto constitucional
The effectiveness of rights is linked to their recognition and, in particular, to their protection mechanisms. The fundamental and specific instrument par excellence for the recognition and protection of social rights is the European Social Charter (ESC). The Charter relies on the European Committee of Social Rights (ECSR) as the guarantor of the rights it recognises. Its jurisprudence should be a reference for national bodies and its decisions and protection mechanisms should be assumed as binding. A real commitment to social rights is to ratify the Charter and all means of protection before the ECSR, such as collective claims. In February 2019 the Spanish Government agreed to ratify the revised text of the ECS, leaving out the possibility of collective claims. The dissolution of the Cortes in March 2019 put both the ratification and the possibility that the parliamentary seat had bet on assuming all the ways of protecting social rights, giving them visibility, enforceability and efficiency, making real the social form of our State. In the absence of a coherent jurisdictional route at the national level with respect to the direct effectiveness of the ESC, the Ombudsman is seen as the handhold to which to cling in order to assert the social rights recognized in our constitutional text
