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Ana Aba-Catoira 
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha consolidado la garantía de los derechos sociales, económicos y culturales, cuya realización progresiva es asumida como obligación por los Estados Partes. El incumplimiento reiterado de dicho compromiso pone de manifiesto la falta de voluntad pública, y también privada, por satisfacer derechos básicos y esenciales vinculados a la vida digna. Los documentos de las organizaciones internacionales y las resoluciones dictadas en su interpretación ofrecen todos los elementos y apoyos para lograr la efectividad de estos derechos a través de políticas públicas articuladas sobre el principio de no regresividad. En este orden de cosas, las Defensorías del Pueblo como autoridad de persuasión deben incluir en sus argumentaciones una perspectiva internacional de derechos humanos, poniendo énfasis en el desconocimiento de estos parámetros por las instituciones nacionales y reforzando su autoridad en el Derecho Convencional.
International Human Rights Law has consolidated the guarantee of social, economic and cultural rights, whose progressive realization is assumed as an obligation by the States Parties. The repeated breach of this commitment highlights the lack of public, and also private, will to satisfy basic and essential rights linked to decent living. The documents of the international organizations and the resolutions dictated in their interpretation offer all the elements and support to achieve the effectiveness of these rights through public policies articulated on the principle of non-regressivity. In this order of things, the Ombudsmen as persuasion authority must include in their arguments an international human rights perspective, emphasizing the ignorance of these parameters by national institutions and reinforcing their authority in Conventional Law
