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Con la consumación de su salida de la UE, Reino Unido recupera soberanía pero pierde poder. Aún queda por definir el futuro político, económico y jurídico de la relación bilateral.
Desde el referéndum del 23 de junio de 2016, la negociación sobre las condiciones de salida de Reino Unido de la Unión Europea ha atravesado todo tipo de avatares. El Brexit se ha convertido en algo parecido al guion inverosímil y convulso de una serie de ficción. También en una pesadilla y en una ventaja inesperada para los políticos continentales. En cualquier caso, los verdaderos contornos de la nueva relación entre la UE y Reino Unido tardarán años en decantarse.
Para valorar con perspectiva esta amenaza a la integración europea –el primer Estado miembro que se marcha, la pérdida de la segunda economía de la UE y de la primera potencia militar– es preciso recorrer tres etapas de la relación británica con Bruselas. Primero, su ejecutoria a lo largo de 43 años de pertenencia y la abrupta decisión de salir en 2016; segundo, la frustrada pero reveladora negociación de Theresa May para pactar las condiciones del divorcio y la relación futura; y tercero, el acuerdo al que ha llegado Boris Johnson, basado en el trabajo del gobierno de May pero alejándose de una asociación económica estrecha con la UE.
El pacto obtendrá el respaldo de la Cámara de los Comunes tras la mayoría absoluta conservadora lograda en las elecciones del 12 de diciembre. Permitirá una ruptura no salvaje el 31 de enero de 2020, al tiempo que abre una etapa presidida por una enorme incertidumbre a la hora de definir una relación permanente entre las dos partes.
En 2015 se cumplían 40 años del referéndum de 1975, en el que Reino Unido se replanteó su permanencia en la UE. Desde entonces, todos los objetivos estratégicos de la política británica hacia Europa se habían conseguido. La Unión no evolucionaba hacia una federación política ni mucho menos mutaba en un súper-Estado. Los proyectos más exitosos, el mercado interior y la política comercial común, se debían en buena medida al impulso de sucesivos gobiernos de Londres. Laboristas y conservadores aportaban una clara defensa del Estado nación en el modelo de integración y una visión global para que existiese una voz europea en el mundo, capaz de defender intereses comunes. En las instituciones europeas, nadie defendía sus intereses con tan buenos resultados como Reino Unido, que en los últimos 10 años ganaba el 90% de las votaciones en el Consejo. Este Estado miembro, además, no participaba en los dos proyectos que habían entrado en profunda crisis, la Unión Económica y Monetaria y la libre circulación de personas. Hubiese sido el momento de celebrar estos éxitos y declarar victoria.
Reino Unido había demostrado que podía condicionar el desarrollo de la integración europea y, al mismo tiempo, aprovechar sus realizaciones. Ingresó en 1973 tras superar los dos vetos del general De Gaulle en la década de los sesenta, y haberse dado cuenta de su error de cálculo inicial en la conferencia de Messina. El mundo había cambiado y dentro de las Comunidades Europeas tenía más influencia que fuera para proteger sus intereses nacionales. Su visión diferenciada y minimalista de la integración se debía a su condición de vieja democracia y al orgullo de no haber sufrido ni una guerra civil ni una dictadura en tiempos modernos. Libre de estas heridas históricas, aportaba una clara defensa del Estado-nación y capacidades globales…
