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Miriam Cueto Pérez 
La competencia jurisdiccional sobre la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas sigue siendo un asunto controvertido a pesar de los intentos del legislador por lograr la unidad. Una de las quiebras más importantes que viene sufriendo se deriva de la posibilidad reconocida en nuestra normativa de que el perjudicado ejerza la acción directa frente a la aseguradora ante la jurisdicción civil. El TS en su Sentencia de 5 de junio de 2019 trata deponer algunos límites a esta posibilidad.
Judicial jurisdiction on liability of public authoroties cases is still a controversiaI issue despite of the efforts of legislative power to reach unity. One of the most important breaks arises from direct action against the insurance company which can be exercised by the damaged person before Civil Court. The judgment of the Supreme Court of 5th June 2019 tries to put limits on this option.
