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Las ultimas sentencias del Tribunal Constitucional sobre si constituye discriminación la diferente extensión de los permisos de maternidad y paternidad derivados de parto, alimentó un cierto debate social sobre el necesito impulso de la corresponsabilidad. El Tribunal Constitucional ratificó su doctrina consolidada al respecto, y el legislador cerró el debate por la vía de la equiparación en derechos –y deberes– para ambos progenitores. La virtualidad adquirida por el mandato constitucional contenido en el artículo 9.2 CE a través de la LO 3/2007, nos invita a reflexionar sobre esta doctrina constitucional, bajo la premisa de que, todo tratamiento diferenciado basado en la maternidad deberá someterse al juicio de legitimidad, razonabilidad y proporcionalidad, pero también al de su conexión o su contribución con el fin de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, debiendo descartarse cuando constituya el fundamento para las menores oportunidades de empleo de las mujeres.
