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Guillem López i Casasnovas 
Ni los más optimistas podían pensar que el Gobierno central iba a alcanzar en Julio del 2001 un acuerdo con las Comunidades Autónomas que incluyeran las competencias sanitarias en la financiación autonómica general.
Hoy, con los nuevos acuerdos, las quejas contra la Administración central acerca de futuros déficits de financiación deberán de perder peso en la arena política. En todo caso, el punto de partida no es el de una España desigual en financiación per cápita y en indicadores de salud interregionales. Las diferencias observadas, de poca entidad deberían en todo caso ser decidas autónomamente y en consecuencia autofinanciadas con los propios recursos de las Comunidades Autónomas, dado que existen pocas justificaciones para su subsidiación vertical u horizontal. Ello parece ser el caso, aunque hace falta reconocer que sabemos poco en lo relativo a diferencias de salud que tengan que ver con diferencias en la calidad asistencial y variaciones en la práctica clínica. Pero para el análisis de las desigualdades anteriores no está claro que existan pautas regionales distintas y que el foco de atención debiera redirigirse a como cada Comunidad despliega sus recursos y define sus políticas dentro de su propio territorio.
