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El propósito de este estudio es realizar una aproximación desde el punto de vista del derecho parlamentario al análisis de las Memorias de análisis del impacto normativo en la familia remitidas durante toda la XII legislatura (2016-2019), dentro de la perspectiva más general de la evaluación ex ante de la calidad de las normas. Partiendo de la regulación de la Memoria de análisis del impacto normativo y de su naturaleza como instrumento de evaluación ex ante de la calidad de las normas, se analiza la dispersa e irracional regulación de las Memorias de impacto en la familia, para continuar con la función de calificación de la Mesa de la Cámara en relación con los antecedentes que deben acompañar a las iniciativas legislativas y finalizar con un análisis de la Memoria de Impacto en familia en la práctica parlamentaria de la XII Legislatura (en relación con el análisis de impacto en otros ámbitos conexos como son la infancia y adolescencia, el género y el ámbito de la discapacidad). Este estudio se realiza de modo crítico a partir de la necesidad de institucionalización de la evaluación normativa en España, de acuerdo con lo apuntado por la OCDE ya en el año 2000, para garantizar su objetividad e independencia del Gobierno, en línea con las propuestas de derecho comparado que han desarrollado los países más avanzados en esta materia, así como de la carencia de una guía metodológica para elaborar las Memorias de análisis del impacto en la familia, constatada por el mismo Gobierno con ocasión del envío a la Cámara del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 (el primero que se acompaña de un “Informe de impacto en la infancia, la adolescencia y la familia”) y considerando valiosas propuestas existentes en la actualidad a tal fin, que tienen en cuenta experiencias de evaluación del impacto en la familia que pueden encontrarse en la técnica normativa comparada.
This paper deals with Family Impact Assessments from a wider perspective: the quality of legislation and better regulation. It analyses the Reports on Family Impact Assessment laid before Congress along the XII Legislature (2016-2019). From this analysis, it comes clear that Family Impact Assessment regulation in Spain spreads out in a variety of provisions, and the lack of a rational-based regulation is leading to confusion. Additionally, a key point arises: not only the Government should carry out the Reports, but also it should exist an independent body within a wider institutional assessment system, in line with the OECD suggestions, including academics and experts, in order to ensure the reliability of the results. Finally, the lack of a Guidance for Government Departments in carrying out the Family Impact Assessment (underlined by the Government when submitting to Congress the Report on Family Impact Assessment, along with the Budget Draft for 2019) leads to malpractice in this matter. On this respect, currently valuable academic proposals (bearing in mind the experience of the most advanced countries in this matter) should be considered in order to publish –not too far– a Guidance on Family Impact Assessment, which will lead to a better regulation in this field.
