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Carmen Montesinos Padilla
La llamada jurisdicción universal dista mucho de ser una cuestión estrictamente procesal. Se trata, muy por el contrario, de una cuestión de justicia material. Sin embargo, su estrecha vinculación con los intereses políticos y económicos que determinan las relaciones internacionales en un mundo extremamente globalizado, ha sido aprovechada por los Estados para modularla a su conveniencia hasta hacerla prácticamente irreconocible. Así ha ocurrido en España con las sucesivas reformas del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y la sentencia que aquí se comenta no hace sino dar cobertura a la desnaturalización de la justicia universal en nuestro país. Sin embargo, consciente de las consecuencias prácticas de su decisión, el Tribunal Constitucional español ha abierto una vía de escape para las víctimas reconociendo, por primera vez en su historia, la legitimidad constitucional de una práctica tan controvertida como el control de convencionalidad.
The so-called universal jurisdiction is far from being a strictly procedural matter. It is, on the contrary, a matter of material justice. However, its close connection with the political and economic interests that govern the international relations in an extremely globalized world, is used by many States to modulate this princile on their own interets, until it becomes practically unrecognizable. That happened in Spain with the successive reforms of Article 23.4 of the Organic Law of the Judiciary. Furthermore, the judgement analyzed in this paper does nothing but cover the denaturalization of universal justice in our country. However, aware of the practical consequences of its decision, the Spanish Constitutional Court opens an escape route for the victims recognizing, for the first time in its history, the constitutional legitimacy of a practice as controversial as the control of conventionality.
