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El proceso de liberalización ha traído consigo la creación de órganos administrativos de carácter sectorial, como la Comisión Nacional de la Energía (¿CNE¿) o la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (¿CMT¿), a los que el legislador atribuyó ciertas facultades en materia antitrust. El legislador parece haber dado marcha atrás en su política de descentralización, devolviendo a los órganos de defensa de la competencia el ¿monopolio¿ para aplicar la normativa de defensa de la competencia. Sin embargo, la defectuosa técnica legislativa empleada no ha logrado despejar todas las dudas al respecto. En el presente artículo se analizarán las relaciones entre la CNE y la CMT y los órganos de defensa de la competencia, así como las medidas legislativas adoptadas para tratar de paliar la inseguridad jurídica creada con la dispersión de autoridades con competencias en materia antitrust.
