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Borja Garin Ballesteros
A propósito del acuerdo alcanzado el 15 de mayo de 2017 con el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalidad de Cataluña cabe repasar la proposición de Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía, así como su tramitación parlamentaria y las enmiendas propuestas por los diferentes grupos parlamentarios. Todo ello, junto a la valoración de algunos de los expertos que intervinieron en el Parlamento de Cataluña, nos permitirá hacer una comparativa exhaustiva con el Acuerdo adoptado que entró en vigor el 15 de septiembre de 2017. La adopción de esta prestación no condicionada al deber de trabajar —algo matizable, como veremos— es un punto de partida que cabe enmarcarse en un profundo debate actual sobre la posibilidad de implantar una renta básica universal.
