La Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, garantiza la protección efectiva de los denunciantes cuando informen, entre otras, sobre infracciones en materia de contratación pública, productos financieros, mercado interior, prevención del blanqueo de capitales, protección del medio ambiente, seguridad alimentaria, salud pública, bienestar animal, protección de los consumidores y privacidad. La norma es aplicable a los denunciantes que trabajen en el sector privado o público y hayan obtenido información en un contexto laboral, incluyendo trabajadores, funcionarios, directivos, accionistas, voluntarios y trabajadores en prácticas. Los Estados miembros deberán poner en vigor las disposiciones necesarias para el cumplimiento de la Directiva a más tardar el 17 de diciembre de 2021.