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La Ley n.º 2016-1088, de 8 de agosto de 2016, instituyó el derecho a la desconexión en beneficio de los empleados del sector privado. Los convenios colectivos celebrados a nivel de establecimiento o de empresa, así como las cartas de las grandes empresas, ya han establecido medidas que permiten a los empleados desconectarse de las herramientas digitales fuera de su horario de trabajo. La ley no es muy coercitiva y deja mucho margen de maniobra a los interlocutores sociales. La única obligación real es entablar negociaciones de desconexión, pero el contenido del acuerdo no es vinculante en modo alguno, y puede incluir medidas "blandas", de información o a modo de incentivos, o medidas más estrictas de obligación o prohibición. A falta de acuerdo, se tratará de una medida unilateral del empleador que tendrá que aplicar el derecho a la desconexión, sin que la ley lo vincule más que los interlocutores sociales.
Algunos sectores públicos industriales o comerciales están directamente sujetos a esta ley, pero, en su mayor parte, los servicios públicos franceses todavía no tienen que respetar la obligación de negociar sobre el derecho a la desconexión. Varios obstáculos jurídicos (no aplicación de la ley del empleo asalariado a la función pública, carácter marginal de la negociación colectiva en la función pública, etc.) o sociológicos (separación entre la vida privada y la vida profesional tradicionalmente menos garantizada para los funcionarios públicos, desarrollo posterior del teletrabajo, etc.) explican el retraso en la extensión del derecho a la desconexión en el sector público. Estos obstáculos podrían superarse pronto, ya que se está preparando un proyecto de ley de reforma de la función pública (la aprobación de la ley está prevista antes del verano de 2019) y se ha anunciado la integración del derecho a la separación de los funcionarios públicos, aunque no se conocen las modalidades previstas hasta la fecha. Al igual que en el sector privado antes de la ley de 2016, algunas administraciones (Ciudad de París, Universidad de Tours, etc.) no esperaron a que la ley adoptara cartas para garantizar a los funcionarios el derecho a la desconexión, lo que permite imaginar cuáles serán los contornos del futuro derecho a desconectar a los funcionarios públicos.
Act No. 2016-1088 of 8 August 2016 instituted a right to disconnection for the benefit of employees in the private sector. Collective labour agreements concluded at branch or company level, but also charters of large companies, had already put in place measures enabling employees to disconnect from digital tools outside their working hours. The law is not very directive and leaves a lot of room for manoeuvre to the social partners. The only real obligation is to enter into disconnection negotiations, but the content of the agreement is not binding in any way, and may include "soft" measures, information or incentives, or stronger measures of obligation or prohibition. Failing agreement, it is a unilateral employer's charter that will have to implement the right to disconnect, without the law binding it more than the social partners.
Some industrial or commercial public sectors are directly subject to this law but, in their largest parts, French public services do not yet have to respect the obligation to negotiate on the right to disconnect. Several legal obstacles (non-application of the law of salaried employment to the civil service, marginal nature of collective bargaining in the civil service, etc.) or sociological obstacles (separation between private life and professional life traditionally less well ensured for public employees, later development of telework, etc.) explain the delay in extending the right to disconnection in the public sector. These obstacles could soon be overcome since a draft law reforming civil service law is being prepared (the adoption of the law is planned before the summer of 2019) and the integration of a right to disconnection for public officials has been announced, although the modalities envisaged are not known to date. As was the case in the private sector before the 2016 law, some administrations (City of Paris, University of Tours, etc.) did not wait for the law to adopt charters to guarantee agents a right to disconnect, which makes it possible to imagine what the contours of the future right to disconnect public officials will be.
