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Alicia Bárcena
La crisis financiera global que emergió en los mercados de países desarrollados dejó en evidencia las serias falencias de un enfoque de la política económica que confiaba en la autorregulación delos mercados y minimizaba el rol del Estado. El escenario de post-crisis exige una reformulación del papel del Estado. Para América Latina y el Caribe dicho desafío se da además en el contexto de cambios en el orden productivo mundial que amenazan su posición en la economía global. Aunque varios países de la región sortearon con éxito la crisis, es preciso re-pensar el rol del Estado en cuatro áreas clave: los objetivos de una macroeconomía para el desarrollo, las políticas de desarrollo productivo en un mundo global, la reducción de las desigualdades en el mercado laboral y de las brechas sociales asociadas a las insuficiencias de las instituciones de protección social. Dicha redefinición debe darse además tomando en cuenta la incrementada demanda por transparencia en la acción pública y privada y por participación ciudadana en la definición y ejecución de las políticas públicas.
The global financial crisis which emerged in developed countries markets gave evidence of the shortcomings of an economic policy approach which believed in self-regulation of markets and minimized the role of the State. The post-crisis reality demands a reformulation of the role of theState. Latin America and the Caribbean countries face this challenge in a context of ongoingchanges in the world production structure that threaten its position in the global economy. Althoughmany Latin American and Caribbean countries were successful in overcoming the crisis, four keyareas of policy-making need to be redefined: The goals of a development-oriented macroeconomic policy, the role of the State in productive development policies in a globalized economy, in theabatement of inequities in the labor market and of social differences caused by inadequacies ofsocial protection institutions. Such redefinitions have to be carried out in the context of heighteneddemands for transparency in public and private actions, and for citizens’ participation in the definition and execution of public policies.
