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Juan Solís Castro
El derecho a la consulta a los pueblos y comunidades indígenas se encuentra reconocido en el artículo 2, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero está limitado en la elaboración de los planes de desarrollo de los ámbitos nacional, estatal y municipal. No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de la aplicación e interpretación del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de 1989, ha determinado que el derecho a la consulta previa debe implementarse como una fase adicional en el proceso de creación de leyes que tengan un impacto directo en los municipios indígenas. Sin dejar de reconocer este avance del máximo órgano jurisdiccional de México en favor de los pueblos y comunidades indígenas, está pendiente la construcción del criterio respecto a los efectos que debe tener la consulta previa frente a la tarea del legislador, aspecto que aborda el presente artículo
The right of indigenous peoples and communities to be consulted is recognized in Article 2, section B, of the Political Constitution of the United Mexican States, but this right is limited to the elaboration of the national, state and municipal development plans. Nevertheless, the Supreme Court of Justice of the Nation, based on its interpretation of the Convention No. 169 on Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries from 1989, has determined that the right to prior consultation should be implemented as an additional phase in the legislative process in the case of laws that have a direct impact on indigenous municipalities. While acknowledging this progress by the country’s highest court for the benefit of the indigenous peoples and communities, the creation of the criterion regarding the effects that the prior consultation should have on the legislative process is still pending
