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Adriana Romero Sánchez
Desde la década de los noventa, con la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, se inició un proceso sistemático de reforma de la legislación y las políticas de los Estados en relación con los derechos y obligaciones frente a la infancia y la adolescencia. Uno de los puntos más polémicos de dicho proceso ha sido la responsabilidad penal de adolescentes, que se muestra como uno de los casos más representativos y polémicos en el intento de construcción de un sistema universal para enfrentar las múltiples dificultades que atraviesan las niñas y los niños del mundo. A partir de la revisión de los procesos de construcción de las políticas de Colombia, Venezuela, Perú y Brasil, este artículo se ocupará de exponer las distintas similitudes y diferencias, centrando el análisis en tres elementos: la imputabilidad, la edad penal y la sanción pedagógica diferenciada. Asimismo, se quiere evidenciar cómo estos cambios sistemáticos en la construcción de la política pública criminal no están desconectados de otros procesos de transformación de las prácticas e instituciones sociales en general, lo cual se va a ver reflejado, entre otros, en la opinión pública, reconociendo la necesidad de formular una interpretación más comprensiva y que reconozca la complejidad de estos procesos
In the 1990s, a systematic process of political and legal change in the conceptions states elaborate about childhood and youth, and their rights and duties, was spurred by the Convention on the Rights of the Child. In this process, and as a step in creating a universal system of childhood protection, a crucial debate has developed on youth criminal responsibility. This paper will trace how these transformations have come about in Colombia, Venezuela, Chile, Peru and Brazil. In doing so, it will focus on issues such as age of criminal responsibility, accountability and youth punishment to undertake a comparative approach. More generally, this paper will show that in Latin America the way criminal policy is thought, designed, elaborated, and implemented is going through fundamental changeaffecting the institutions, practices and values related to crime, conflict and punishment. Public opinion, stories and discourse are used as a tool for this approach. Therefore, it is necessary to craft a more comprehensive interpretation of this phenomenon
