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Sevilla, España
La Ley Concursal se aprueba en 2003 y después de su entrada en vigor ha sido modificada con mucha frecuencia y con sujeción a criterios variables y no siempre con acierto. Como consecuencia el texto legal tiene contradicciones e incoherencias derivadas de las continuas reformas a que se ha sometido. Por eso, en aras de la seguridad jurídica, la Ley 9/2015 habilitó al Gobierno para elaborar un Texto Refundido que regularizara, aclarara y armonizara la Ley Concursal. Este mandato ha culminado con la propuesta de Texto Refundido de la Ley Concursal de 2017, aún pendiente de aprobación. Este trabajo trata de precisar si se han cometido excesos en el encargo, yendo más allá de la habilitación realizada y, por ello, suplantado al legislador. Y, si así ha sido, en qué materias. En todo caso, la valoración general del Texto propuesto es que es muy superior al de la Ley vigente.
The Spanish Insolvency Act was approved in 2003 and after its entry into force has very frequently been modified and subjected to variable criteria, not always with success. As a consequence, the legal text has contradictions and inconsistencies derived from the continuous reforms to which it has been submitted. For this reason, in the interest of legal certainty, the 9/2015 Act enabled the Government to elaborate a Consolidated Text that regularize, clarify and harmonize the Bankruptcy Law. This mandate has culminated with the Bill of Consolidated Insolvency Law of 2017, still pending approval. This work tries to clarify if excesses beyond the commission made have taken place in the assignment, and thereby supplanting the legislator. And, if so, in what matters. In any case, the general assessment is that the Spanish draft of Consolidated Insolvency Act is of much higher than the current Law.
