En el presente artículo se aborda el rol jugado por los organismos del Estado peruano en los casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1980 y 2000 en el marco del conflicto interno con los grupos guerrilleros Sendero Luminoso y Tupac Amaru. Se examina el grado de responsabilidad tanto de los poderes del Estado, como de las Fuerzas Armadas y de Orden, bajo el supuesto de que, en cuanto representantes del Estado de Derecho, tienen un deber de observancia de los derechos humanos insoslayable.