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Valladolid, España
), págs. 79-96En el presente estudio se analiza exclusivamente el derecho a la traducción de los documentos esenciales en los procesos penales en la UE y en el procedimiento de ejecución de OEDyE, según es interpretado y aplicado por los tribunales. La garantía que supone el derecho de todo sospechoso, acusado o persona reclamada en la Unión Europea a la traducción de los documentos que resulten esenciales para su defensa se encuentra regulado en el art. 3 de la Directiva 2010/64/UE, donde también se recoge expresamente que su finalidad, tanto de defensa como de salvaguardar la equidad del proceso, se orienta a ese fin superior que es facilitar el reconocimiento mutuo de resoluciones penales y la cooperación judicial en la Unión Europea mediante el establecimiento de unos derechos y garantías procesales mínimas comunes. Aunque el derecho a intérprete es todavía más relevante desde el punto de vista del debido proceso o derecho a un proceso con todas las garantías, sin embargo garantizar su efectivo cumplimiento en los procesos reales es más difícil que el derecho a la traducción de documentos esenciales. Desde un punto de vista práctico puede resultar de mayor utilidad el análisis detenido de este último con especial atención a sus aspectos más débiles y problemáticos.
In this study is analyzed the right to translation of essential documents in criminal proceedings in the European Union and for the execution of a European arrest warrant, as applied and interpreted by judicial case law. This guarantee is ruled in article 3 of the Directive 2010/64/UE, where is also expressed that its purpose, concerning the right of defense as well as safeguarding the fairness of the proceedings, is directed to the superior aim of facilitate mutual recognition of criminal decisions and criminal judicial cooperation in the European Union, by means of setting out minimum common standards of procedural rights. Although from the point of view of the right to a fair trial it is more important the right to interpretation, it is also more difficult to guarantee its effectiveness in real proceedings. From a practical point of view it’s found more useful to analyze the right to translation of essential documents in a deep and detailed way, with special attention to its more problematic and weak faces.
