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Beatriz Lozano Herrero
La participación activa de protagonistas y agentes sociales en el estudio y defensa del Patrimonio Inmaterial cuenta en Europa con disposiciones jurídico-administrativas como la Convención de Faro del año 2005, Convenio europeo sobre patrimonio cultural, ratificado por España el pasado 12 de diciembre de 2018. En ella, la «comunidad patrimonial» se compone de «personas que otorgan valor a los aspectos específicos del patrimonio cultural y que, en el marco de la acción pública, lo desean mantener y transmitir a futuras generaciones». De esta manera, vemos como la incorporación de prácticas participativas permiten el reconocimiento por parte de las instituciones de los grupos locales al mismo nivel que el de los expertos, lo que lleva a nuevos modelos de gestión en los cuales las comunidades portadoras se convierten en actores fundamentales para la conservación y defensa del Patrimonio Cultura Inmaterial. Es incuestionable el determinante social surgido con la Convención de Faro y aplicado en posteriores normativas sobre Patrimonio Cultural Inmaterial y, también, su matiz finalista en cuanto a la participación de la ciudadanía; pero también se hace evidente la falta de un lenguaje prescriptivo que garantice que la sociedad civil va a ser la encargada de activar el patrimonio como protagonista y no solo como receptora de políticas generadas desde los poderes públicos.
The active participation of protagonists and social agents in the study and defense of Intangible Heritage in Europe has administrative legal provisions such as the Faro Convention of 2005, the European Convention on Cultural Heritage, ratified by Spain on December 12, 2018. The "heritage community" is composed of "people who give value to specific aspects of cultural heritage and who, in the context of public action, want to maintain and transmit it to future generations". In this way, we see how the incorporation of participatory practices allows the recognition by institutions of local groups at the same level as that of experts, which leads to new management models in which the carrier communities become key actors for the conservation and defense of the Intangible Cultural Heritage. The social determinant arising from the Faro Convention and applied in subsequent regulations on Intangible Cultural Heritage and its finalist nuance regarding the participation of citizens is unquestionable, but it also becomes evident the lack of a prescriptive language that guarantees that civil society will be responsible for activating heritage as a protagonist and not just as a recipient of policies generated by public authorities.
