Existe una necesidad real de dotar de garantías a los procedimientos que tienen que ver con la atención médica psiquiátrica en España. Se trata de establecer un marco jurídico que garantice sustantiva y procesalmente los derechos de las personas con discapacidad o no, que se ven sometidas a intervenciones médico jurídicas relacionadas con internamientos y tratamientos involuntarios, incapacitaciones o medidas de seguridad por inimputabilidad derivada de trastorno mental. En la actualidad se dan con frecuencia situaciones que constituyen la eliminación de hecho de derechos y garantías constitucionales que solo pueden ser afrontadas desde una profunda reforma legislativa, doctrinal y jurisprudencial.