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Maria Chiara Marullo
La sentencia merecería ser analizada desde diferentes perspectivas, en las que por las limitaciones de este comentario no podremos profundizar, que incluyen cuestiones tanto de Derecho internacional como de Derecho interno español. Pero debemos decir desde ahora que, en un momento como el que estamos viviendo, de fuerte retroceso en términos de protección de los derechos humanos y en el que el Tribunal Penal Internacional enfrenta importantes desafíos, destaca la trayectoria adoptada por los legisladores españoles, que han venido obstaculizando el ejercicio de una jurisdicción universal como mecanismo para garantizar un foro, en muchos casos de necesidad, para las víctimas de atroces crímenes, cuando pueda entrar en conflicto con intereses económicos, políticos o diplomáticos. Esta trayectoria seguramente menoscaba las oportunidades de justicia real de dichas víctimas, desamparadas en el Estado donde se verificaron los hechos delictivos y sin acceso a los tribunales internacionales.
