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Los redactores del Código Civil español diseñaron un sistema de fuentes propio del Estado liberal de finales del siglo XIX en el que la prevalencia normativa se encontraba atribuida a la norma de rango legal. Cuando el legislador del Código Civil español, tras sucesivas vicisitudes codificadoras, concretó el sistema de fuentes finalmente fraguado en nuestro decimonónico texto legal codificado, no podía siquiera imaginar el hondo calado de las sucesivas reformulaciones que el mismo estaba llamado a experimentar y, de hecho, ha padecido, especialmente en el último tramo de sus ciento treinta años de existencia. El sistema de fuentes consagrado por nuestro Código Civil de 1889 ha padecido la repercusión de dos hitos jurídicos relevantes: a saber, la incidencia de la Constitución española de 1978 y la correspondiente a la normativa y jurisprudencia europeas.
