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Luego de la reforma de la Constitución Nacional de 1994, las provincias argentinas se encuentran obligadas a reconocer la autonomía municipal en sus constituciones en el orden institucional, político, administrativo y económico-financiero. Transcurridos más de veinte años luego de la reforma, algunas provincias aún incumplen el mandato constitucional, lo que ha generado consecuencias lamentables para sus gobiernos locales. El presente trabajo se focaliza en el caso de Mendoza, advirtiendo acerca de la necesidad de promover una reforma integral de su régimen municipal que contemple el reconocimiento del poder constituyente municipal y garantice el derecho de asociación intermunicipal. En función de estos desarrollos, se reflexiona en torno a las restricciones normativas más relevantes que dificultan la ejecución de proyectos asociativos de carácter intermunicipal, a los efectos de determinar el grado de autonomía que efectivamente detentan los municipios en la provincia y de sugerir criterios para fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos locales de Mendoza.
